EL PROYECTO ECONÓMICO DEL PROCESO. Instalación de un nuevo modelo de acumulación

Posted by on 11 noviembre 2012

José Alfredo Martínez de Hoz, Ministro de Economía del Proceso

La última dictadura se bautizó a sí misma “Proceso de Reorganización Nacional”, proyectando que 1976 ocuparía en la historia un lugar equiparable a 1880 por la instalación de un capitalismo liberal fuertemente asentado en sus bases de dominación. Los analistas coinciden que 1976 tiene un significado comparable a 1880 y a 1930, pero sólo en tanto tuvo lugar la instalación de un nuevo modelo de acumulación, que se diferenciaba de los anteriores por sus constantes destructivas:

a)      Desindustrialización selectiva

b)      Desocupación estructural

c)       Descenso integral de las clases subalternas

d)      Desguace del patrimonio estatal

e)      Decadencia de las prestaciones sociales

f)       Endeudamiento externo

g)      Fuga de capitales

h)      Primacía de las ganancias financieras

i)        Concentración del ingreso

EL PROYECTO

El “Proceso” cuestionó más aspectos de la sociedad peronista que las dictaduras anteriores. No sólo se proponía modificar el desarrollo político – ideológico de Argentina, sino la estructura económica que a su entender lo había engendrado. ¿Cómo lo haría?…

La primera esfera de intervención era la del sistema político, clausurando por tiempo indeterminado las elecciones y el accionar de los partidos políticos.

La segunda esfera de intervención involucraba el aniquilamiento de las organizaciones armadas de izquierda y a quienes desde el Cordobazo lideraban la protesta social con miras revolucionarias, interviniendo los espacios transgresores de la cultura.

La principal diferencia con la dictadura de Ongania radicó en la tercera esfera de intervención, rediseñando el sistema productivo en desmedro de las industrias de sustitución fácil de importaciones a las que consideraban el hábitat primario de la indisciplina laboral. Era la desperonización más profunda.

¿Por qué el embate contra las ISI? Estas industrias habían nacido durante la Primera Guerra Mundial y en las décadas del 20 y del 30, sin el apuntalamiento del Estado ni de la clase dominante tradicional, bajo el amparo de circunstancias proteccionistas “de hecho”, al haberse contraído el mercado internacional. El Estado peronista había apoyado decididamente a las industrias sustitutivas en desmedro de la burguesía agropecuaria (recordar la instauración del primer IAPI). Las nuevas industrias aprovechaban al máximo su capacidad instalada, trabajando en tres turnos, contribuyendo así al pleno empleo sobre la base del cual mejoraba la capacidad de negociación de la clase obrera. Es esta una de las características fundamentales de las ISI que el liberalismo económico que llega al poder en 1976 pretende destruir o transformar. Para esta coalición cívico militar, el pleno empleo, el arbitraje estatal y las redistribuciones del Estado de bienestar peronista habían corroído las bases del “trabajo asalariado” en tanto relación de producción estructurante de la sociedad capitalista.

Al garantizar el pleno empleo y fortalecer el poder sindical de las fábricas y en los tribunales del trabajo, el peronismo había desvirtuado la coacción económica, alterando el disciplinamiento automático de la clase obrera por parte del mercado laboral, generando trabajadores pleitistas e improductivos. Los liberales representados en Jose Alfredo Martínez de Hoz consideraban que la insurrección se había cebado en esas fábricas porque la sobreprotección estatal no obligaban a que los patrones reconstruyeran su dominación en busca de una mayor productividad. Trabajadores díscolos y empresarios que cedían ante los reclamos, mientras que el Estado populista apañaba la relación por medio de aranceles y subsidios para sostener los aumentos salariales con recursos provenientes del campo y de otros sectores eficientes de la economía. Para los conductores del golpe estas no eran las únicas causas de la desobediencia social en Argentina, pero sí las más profundas. Para ellos, la búsqueda de un consenso entre el capital y el trabajo que el peronismo había iniciado reproduciendo la lógica keinesiana del pleno empleo y fortaleza de la demanda, no era más que un factor distorsivo de la dominación de una clase sobre otra, fundado en la falsa imagen de la armonía entre ellas. Los golpistas del 76 consideraban que los gobiernos que habían sucedido al peronismo no habían atacado el problema de raíz. Se referían a la tercera esfera de intervención: desmontar lo que consideraban el ámbito más básico de la formación de la “guerrilla industrial”. Ello implicaba no solo eliminar el sindicalismo combativo, sino reimponer la coacción económica mediante la apertura de mercados y la llegada de la competencia extranjera. De este modo, los patrones se verían obligados a mejorar la productividad, poniendo en caja a sus trabajadores, restaurando el orden social en cada fábrica. La obediencia sería reimpuesta en todas sus dimensiones, comenzando por un aumento de la explotación.

Fuente: SIRLIN, EZEQUIEL, La última dictadura (1976-1983), en Historia Argentina Contemporánea, Dialektik, Buenos Aires, 2012.

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